Columna de opinión de Roberto Muñoz, académico del Departamento de Ingeniería Comercial.
En las semanas recientes ha cobrado atención la importancia de tener una buena relación de precio-calidad de la educación secundaria en los colegios, ello con motivo de la publicación de los negativos resultados de la prueba Simce 2022.
Las cuotas son un elemento socialmente aceptado en la incorporación de un estudiante a un colegio, sin embargo, lo que no resulta evidente, es que la sola presencia de este concepto de cobro reduce la competencia en el sector al dificultar el movimiento de los estudiantes entre distintos establecimientos.
La presencia de la cuota de incorporación genera que cada colegio tenga alumnos/as relativamente cautivos (pues resulta costoso moverse a otro establecimiento), lo que redunda en una mala relación precio-calidad del servicio educativo.
Conceptualmente, se trata de un switching cost, que es un costo en que debe incurrir el usuario si quiere cambiarse del proveedor de un servicio. En Chile, en otros sectores, este tipo de costos ha sido eliminado (por ejemplo, a través de la portabilidad numérica en telecomunicaciones) o reducido (por ejemplo, a través de la portabilidad financiera en el sector bancario). Es bien conocido que la presencia de estos costos de cambio introduce distorsiones y, consecuentemente, genere algunos costos sociales, por lo que es natural que el Estado intente eliminarlos o al menos reducirlos.
La prohibición o al menos la reducción de las cuotas de incorporación, manteniendo libres las mensualidades, contribuiría a tener una mayor competencia en el sector, lo que redundaría en una mejora en la relación de precio-calidad de los establecimientos educacionales. Por ello, parece sensato que la autoridad lo estudie.
Finalmente, es importante mencionar que esta propuesta es complementaria a la mejora en la evaluación docente, puesto que, como es evidente, solo una fracción de los colegios se verían afectados por la eliminación o reducción de esta cuota, sin embargo, todos los colegios se verían afectados por una política más pertinente de evaluación docente.
La situación que reveló el Simce 2022 implica que toda idea de mejora deba ser evaluada, aunque no impacte al total de la población escolar.
