La agrupación sostuvo reuniones con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, y el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en busca de reconsiderar la aplicación de condicionales en el actual sistema de gratuidad.
En menos de 24 horas, la Red de Universidad Públicas agrupadas en el G9, a la que pertenece la Universidad Técnica Federico Santa María, gestionó dos importantes reuniones con autoridades nacionales. La primera, con la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste, junto con sus pares Jaime Quintana, Jorge Pizarro y Juan Ignacio Latorre; la segunda, con el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ambas, con el objetivo de solicitar el replanteamiento de la aplicación de condicionales en el actual sistema de gratuidad.
En la primera cita, el presidente de la Red G9, Aliro Bórquez, solicitó que se discutieran las últimas actualizaciones a la Ley 21.091 -la nueva Ley de Educación Superior- y el sistema de Gratuidad Universitaria, específicamente con foco en los artículos: 102, sobre la definición de vacantes, y los artículos del párrafo 2º De los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, además del artículo 108, sobre cobro y la duración nominal de las carreras.
El también Rector de la Universidad Católica de Temuco destacó la disposición de la senadora ante los temas propuestos. “Nosotros le explicamos bastante detallado los impactos que está teniendo la aplicación de esta ley para las universidades. Ya venimos arrastrando un impacto desde la política de gratuidad en estos últimos 4 años”, explicó.
“Si bien cuando se empezó la discusión de los aranceles que se iban a fijar, el ministerio hizo una consulta a las universidades, finalmente se definieron estos en un trabajo conjunto con el comité de expertos, pero sin un espacio amplio de discusión con los regulados. Lo que va ocurrir, si no hay un cambio en la propuesta del ministerio, es un efecto de desfinanciamiento progresivo en las universidades. La actual aplicación del artículo 108, para el caso del G9, ha significado poco más de $10.000 millones menos para las universidades en el 2020, sin tener en consideración todavía la aplicación de estos nuevos aranceles de la resolución exenta publicada el pasado viernes”, detalló la autoridad respecto a la solicitud que plantearon a la presidenta del Senado.
La senadora planteó la posibilidad, primero, de hacer una sesión especial del Senado donde se pueda exponer todas estas dificultades que las universidades van a tener y que ya se están vislumbrando que pueden ser muy profundas en los próximos años. En segundo lugar, se planteó la postergación de la aplicación de este articulado por lo menos por un tiempo, hasta tener una discusión profunda entre el regulador y los regulados, como debió hacerse desde un comienzo.
Se exploró también la posibilidad de trabajar alguna ley que permitiera suspender a lo menos la aplicación de los aranceles y las vacantes reguladas, hasta tener un estudio más detallado sobre definición de aranceles que, entre otras cosas, corrigiera la inequidad territorial. Es claro que el modelo propuesto finalmente termina dañando más a las universidades regionales que a las universidades metropolitanas. La senadora señaló que sí existía la posibilidad de revisar estos temas, pero que no tenía certeza si el Parlamento tenía la posibilidad de plantear una ley como esta porque, cuando están implicados recursos, podría haber una obligación privativa del Ejecutivo. El acuerdo finalmente es que los senadores iban a explorar esa posibilidad.
Discutir modificaciones
Desde marzo de este año que las autoridades que conforman el G9 mantenían la esperanza de discutir posibles modificaciones de la Ley 21.091, luego que primero el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, deslindara la posibilidad, y que en abril el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, mencionara la intención de conformar una mesa de trabajo para tratar este tema. Una invitación del Presidente Sebastián Piñera a reunirse con él -algunos en forma presencial, otros por video llamada- levantó las expectativas. Sin embargo, un programa diferente de diálogo derivó en que no se profundizara en la temática en cuestión.
“Como estaba muy reciente todo el tema de fijación de aranceles, pensamos que ese podía ser el tema (…) y el Presidente lo que nos mostró, y de hecho nos hizo llegar un documento, fue una suerte de balance de la situación país respecto a la pandemia, también respecto a la recuperación económica y el último tema que trató tenía que ver con el proceso constituyente y la posibilidad de que efectivamente tuviéramos elecciones el 15 y el 16 de mayo”, contó el Rector de la UCT, y mencionó parte de los análisis expuestos.
“Hay cifras positivas que hacían prever que hay una cierta mejora en la situación (sanitaria), aunque él no quería ser exitista, porque dijo que estas cosas cambian día a día, pero la tendencia es que estamos mejorando. Y lo otro que planteó respecto a la recuperación económica es que veía que, con todos los esfuerzos y el nivel de endeudamiento que el país ha tenido producto de la pandemia, estamos con un nivel de cifra que auguraba un despegue económico para el país importante a partir del 2022”, añadió.
Fuente: Red G9
