La migración es un fenómeno inherente a la historia humana y Chile se ha construido en función de ella. Desde los desplazamientos de nuestros pueblos originarios hasta la colonización hispana, este territorio siempre ha recibido flujos de personas en busca de mejores condiciones de vida, de desarrollo material y social.
Esta constante nos acompañó en los tiempos de la Colonia y en los procesos de emancipación y organización nacional. A mediados del siglo XIX, el Estado promovió activamente la colonización alemana en el sur, apostando a su contribución al desarrollo nacional. Lejos de ser un hito aislado, en las primeras décadas del siglo XX el país recibió una importante inmigración desde el Imperio Otomano y, años más tarde, a refugiados españoles de la Guerra Civil. En esa misma época, el presidente Pedro Aguirre Cerda ya asentaba la importancia de contar con normativas migratorias claras, centradas en el aporte que los extranjeros pudieran hacer al progreso del país.
Si en distintos momentos históricos Chile se mostró dispuesto a recibir población, el crecimiento económico de la década de 1990 consolidó al país como un destino atractivo dentro de la región. La globalización fortaleció la movilidad de personas, y Chile se trasformó, bajo la imagen de ser los “jaguares de América Latina”, en un espacio territorio atractivo para migrar desde la propia región latinoamericana.
Sin embargo, este proceso también dejó entrever las debilidades estructurales de nuestra política migratoria: una legislación desactualizada y mecanismos de control insuficientes dificultaron la gestión de los nuevos flujos, marcados inicialmente por la llegada de ciudadanos peruanos y ecuatorianos, donde aparecieron los primeros “perdonazos” en vez de fortalecer la normativa legal. En el siglo XXI, este escenario sumó a colombianos que escapaban del conflicto armado y a haitianos afectados por la inestabilidad política y desastres naturales. Pero la manifestación más evidente de estas limitaciones institucionales se produjo con el éxodo venezolano, uno de los mayores desplazamientos de la historia reciente de América Latina. La magnitud y rapidez de este flujo, tanto por las vías formales, pero especialmente por las irregulares, tensionó severamente las capacidades del país, un desafío que se complejizó aún más cuando el debate fue capturado por posiciones ideológicas interesadas que terminaron afectando el fondo del proceso.
Entonces, el problema de fondo nunca ha residido en la llegada de estos grupos humanos: ¿quién podría cuestionar el aporte de las familias alemanas, croatas, italianas, inglesas llegadas en el siglo XIX o el aporte de la población palestina, coreana y española en la primera mitad del siglo XX? Y más actual todavía, el aporte gastronómico y económico de población peruana, boliviana, ecuatoriana, colombiana y venezolana. La gran traba ha sido de la capacidad del Estado para responder de manera adecuada, con institucionalidad y control.
La creencia de que la integración se limitaba a permitir el ingreso demostró ser un error. La ausencia de políticas integrales de acogida, regularización e inserción social favoreció situaciones de vulnerabilidad e inequidad, así como la penetración del crimen organizado transnacional, afectando tanto a las comunidades receptoras como a los propios migrantes.
Hoy, la mayoría de la población chilena no rechaza la migración en sí misma, sino que exige, tal como se hizo en antaño, que esta se desarrolle de manera formal, reglamentada y orientada al desarrollo nacional. El principal desafío del Estado chileno es transformar este anhelo en una política integral que combine regulación, integración y, por, sobre todo, responsabilidad política. Solo a través de la colaboración coordinada de los distintos poderes del Estado y los organismos públicos se podrá encauzar un proceso ordenado que signifique un verdadero aporte, evitando que la migración siga siendo tratada simplemente como la crisis del próximo titular.
