Columna de opinión de Xavier Bonnaire, Académico del Departamento de Informática USM.
La obsolescencia programada es la práctica que consiste en acortar artificialmente la vida útil de un producto. Una técnica común consiste en la fabricación, a propósito, de un producto con componentes de mala calidad de tal manera que estos componentes fallarán en un corto o mediano plazo. Eso, junto con la falta de repuestos, en este caso organizada por el fabricante, conduce a la imposibilidad de reparar el producto. En el mercado de los computadores o celulares, la obsolescencia programada puede consistir en no proveer una actualización de software, por ejemplo, del sistema operativo, para una serie de modelos de computadores o de celulares. La imposibilidad para el usuario de instalar una aplicación que solamente funciona con la nueva versión del sistema operativo impide que el usuario pueda usar “normalmente” su aparato, aunque el hardware no presente ningún problema.
La obsolescencia programada de un producto o software tiene un solo objetivo: el de obligar implícitamente al consumidor a comprar la nueva versión del producto, que sea un celular, un computador o un electrodoméstico. Al comienzo de abril 2021, la empresa Apple ha sido condenada en Chile a pagar alrededor de 3.4 millones de dólares a sus clientes por este tipo de práctica con su sistema operativo (IOS) para los iPhones. Los usuarios chilenos argumentaron que, desde la instalación de la nueva versión del sistema, sus celulares presentaban una serie de problemas, incluyendo la descarga más rápida de la batería y otras fallas que no tenían antes.
No es la primera vez que la empresa Apple es condenada por este tipo de práctica. Tuvo que pagar 25 millones de euros a una asociación de consumidores en Francia en 2020 y 10 millones de euros en Italia este mismo año. Otras empresas, como constructores de impresoras, también tienen demandas por el mismo tema en Europa.
La obsolescencia programada puede verse como una estimulación del mercado y entones de la economía, pero, por otro lado, no solamente perjudica a los consumidores, sino que también participa en generar serios problemas ecológicos, porque muchos productos electrónicos son muy difíciles de reciclar. Terminar con la obsolescencia programada es un asunto de comportamiento razonable de cada empresa, pero es también un asunto de legislación en el tema. En Francia, existe una ley desde el 2014 sobre la obsolescencia programada que regula esta práctica, y un fabricante de electrodomésticos de nivel mundial debe asegurar que los aparatos de todas sus marcas son reparables durante, por lo menos, 10 años.
En Chile, aunque las asociaciones de consumidores están trabajando activamente en el tema, se requiere un marco legal fuerte para regular esta práctica e identificar nuevos delitos asociados.
