Columna de opinión de Carolina Erices, profesora del Departamento de Ingeniería Comercial.
En las últimas semanas, el Gobierno ha avanzado en la discusión sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), aunque con diversas consideraciones sobre el alcance de esta medida. Esto representa un cambio significativo en el financiamiento de la educación superior.
Desde su creación en 2006, el CAE ha financiado los estudios de 1.128.362 personas, de estas, 818 mil están en etapa de pago, de las cuales el 77% han egresado de instituciones de educación superior y el 23% ha desertado.
De los 818 mil beneficiarios en etapa de pago, el 46% está al día y 54% está en mora. Esta situación no siempre fue así, ya que hasta el 2015 la tendencia era una caída en los morosos, pero después del 2016 está comenzó a crecer, hasta que el 2022 superó el porcentaje de beneficiarios al día.
Los beneficiarios activos pagan en promedio $52.333, con un 47% pagando $19.744 mensuales. La cuota para quienes solicitaron el crédito después de 2012 es contingente al ingreso, con un tope del 10% y una tasa de interés limitada al UF+2%. En 2022, el fisco desembolsó US$ 77 millones por estos beneficios.
La condonación del CAE tiene importantes implicaciones macroeconómicas, con distintos escenarios de costos fiscales según el enfoque de la medida. Para contextualizar, si la medida fuera universal abarcando las 1.112.378 personas, implicaría desembolsar del orden de US$11.270 millones (3,7% del PIB). Un siguiente escenario apunta a beneficiar a quienes tengan una deuda que supera el valor inicial del crédito que alcanzan las 522.104 personas. En este caso, el costo fiscal sería de US$5.160 millones (1,7% del PIB). Si se quiere focalizar a quienes tienen deuda con saldo remanente pre-2012, el monto a financiar llega a US$4.240 millones abarcando un universo de 343.025 personas (1,4%).
También se simula para quienes tienen una deuda de aquellos con garantía ejecutada US$ 3.200 millones (1,1%), que son 332.443. Y por último están quienes tienen deuda, pero desertaron de sus estudios. Los beneficiarios serían 176.289 con un costo de US$1.240 millones (0,4% del PIB)
El desembolso es significativo por lo que debe ser cuidadosamente evaluado, considerando prioridades y alternativas, como la reactivación educativa postpandemia. Por ejemplo, la condonación universal del CAE equivale a 37 veces el presupuesto destinado al proyecto de sala cuna universal, una necesidad de gasto incluida en el pacto fiscal promovido por Hacienda y equivalente al 0,1% del PIB. Asimismo, esta condonación sería equivalente a 40 veces el presupuesto asignado al plan de reactivación educativa anunciado por la actual administración, que ascendió a US$288 millones para el año 2023
Otro aspecto crucial que considerar es que no todos los beneficiarios del CAE son iguales; muchos de ellos probablemente obtendrán ingresos personales significativamente más altos que aquellos que no han cursado estudios universitarios. La investigación demuestra una correlación positiva entre la educación superior y los ingresos laborales. Por ejemplo, según Casen (2022), el salario promedio por el trabajo principal de personas con educación profesional completa es de $1.210.114. Esto implica que aquellos con educación superior completa probablemente se sitúen en el percentil 80 de ingresos laborales, evidenciando el impacto positivo de la educación superior en la movilidad económica y la mejora de las oportunidades laborales
Es crucial reconocer que la educación superior desempeña un papel fundamental en la promoción de la movilidad social y la mitigación de la desigualdad. Su impacto se extiende al éxito o fracaso de un país, influyendo en su competitividad y su posición en el ámbito internacional. Por lo tanto, es imperativo que la política pública se centre en mejorar el Crédito con Aval del Estado (CAE) actual, garantizando la equidad y eficiencia en el sistema de financiamiento educativo. Esto no solo promoverá un acceso más equitativo a la educación superior, sino que también contribuirá a fortalecer la base económica y social de la nación.
