Columna de opinión de Luis Medina, profesor del Departamento de Ingeniería Comercial.
La reforma tributaria que el actual gobierno se encuentra impulsando con fuerza por estos días, sin duda ha marcado la agenda política y económica del país. El proyecto promete cambios al sistema de rentas, disminución de algunas exenciones tributarias, búsqueda de una menor evasión y elusión de impuestos, además del impuesto a la riqueza marcan la pauta del llamado “corazón de la reforma”. Adicional a lo anterior, en materia de royalty a la minería, el ejecutivo presentó un segundo texto que incluye dos componentes:
1) Una del tipo “ad valorem” o una tasa progresiva aplicada a las ventas anuales, independiente de si se obtienen o no utilidades en el período. Dicha tasa además, dependerá del precio del cobre. Por ejemplo y para el caso de la gran minería del cobre (producción anual sobre las 50.000 toneladas métricas finas) y escenarios de precio del cobre por sobre los US$ 3 la libra, la tasa llegaría al 7%;
2) La segunda componente es respecto de las utilidades. Esta fue mucho más agresiva de lo esperado por los analistas, ya que incluye una tasa adicional para recaudar más, cuando el precio del cobre supera los US$ 5 por libra. Las primeras voces en contra de esta reforma surgieron de parte del Consejo Minero (agrupación que conforman las grandes mineras del país), la Sonami (que representa a las pequeñas y medianas) y la empresa australiana BHP, una de las grandes compañías mineras extranjeras que operan en Chile, la cual ya ha advertido que si la propuesta de royalty se materializa, se verán obligados a reevaluar el plan de inversiones en nuestro país.
Pero ¿qué significa reevaluar sus inversiones? La minería en general puede ser vista como un negocio de altos niveles de rentabilidad. Sin embargo, debido a la naturaleza de su oferta y demanda, es de carácter cíclico y requiere altos montos de inversión que tienen retornos sobre la inversión en el largo plazo. El hecho de ser un negocio cíclico además implica que no se pueden predecir, esto es, los períodos de bajos precios son compensados por las ganancias de los períodos de altos precios.
La principal fuente de ingresos de la minería del cobre es justamente, la producción y venta de este metal (además se comercializan subproductos como el oro, plata y molibdeno), el cual para su comercialización como producto final, ya sea como concentrado o cátodo, requiere que se materialicen inversiones para la compra de equipos mineros y la construcción de infraestructura como plantas procesadoras del mineral que permitan que el proceso productivo se lleve a cabo. Son precisamente estas características las que hacen que el negocio minero requiera conocer de manera clara y sin grandes vaivenes cual es la tasa de pago de impuestos por el hecho de explotar los recursos naturales. Cambios continuos y alejados a los estándares impositivos establecidos en otros países mineros, que compiten con nuestro país, como es el caso de Perú, Australia o Canadá, podrían desencadenar en estas empresas procesos de revisión y reevaluación de sus inversiones, lo cual no necesariamente implica que la inversión minera se vaya a cero o desaparezca del país, sino que representa un ejercicio natural para todo inversionista que está dispuesto a asignar millones de dólares en un negocio que comenzará a rendir sus frutos recién en varios años más. En otras palabras, este proceso busca sensibilizar el valor económico de sus proyectos de inversión ante cambios de una o más variables en el flujo de caja.
Dicha reevaluación de proyectos podría traer como consecuencia que algunos de estos se desfasen o simplemente no se realicen, lo que implica necesariamente que las utilidades de las compañías mineras no sean las esperadas. Esto no sólo repercute en una menor recaudación en el pago de impuestos debido a la componente utilidades del royalty minero, sino que también una menor recaudación del impuesto a la renta de primera categoría que pagan las empresas mineras. Es importante señalar que sólo por este concepto, el fisco recaudó el año 2021 más de US$ 5 mil millones. Una cifra no menor.
Con todo esto es importante preguntarse, ¿cuál es el límite entre una mayor recaudación fiscal y el desarrollo de un sector productivo fundamental para nuestro país? ¿Cómo los procesos de reevaluación de inversiones para las empresas del sector, que podrían iniciarse de concretarse la propuesta de royalty, ralentizarían el desarrollo de la minería? Es una ecuación difícil de equilibrar, más aún por los efectos colaterales positivos en la economía que conlleva el mayor desarrollo del sector, como es el empleo y los recursos que dejan las compañías mineras en las regiones en donde operan. Ahora el debate comienza en el congreso
