Columna de opinión de Ignacio Schiappacasse, Investigador Asociado del Departamento de Ingeniería Comercial.
En las últimas semanas la discusión en torno al sistema de pensiones ha marcado la agenda de nuestro país. El debate en los últimos días se ha centrado en la potencial expropiación de los ahorros previsionales. Solo algunos días antes la agenda estuvo dominada por la posibilidad de que el Congreso aprobara un nuevo retiro previsional. A pesar de que la Cámara de Diputados rechazó los dos proyectos en tabla, este debate tampoco se puede dar por cerrado.
La preeminencia del debate previsional en la agenda promete ser la tónica del ciclo político actual. Este protagonismo -especialmente en lo referido a los retiros- pone de relieve la urgencia de llevar a cabo una reforma estructural. ¿Por qué la urgencia? Porque cada nueva ronda de discusión sobre la posibilidad de un nuevo retiro demuestra la inviabilidad del actual sistema de pensiones.
Ante este escenario el gobierno ha decidido adelantar su propuesta de reforma para responder a la demanda ciudadana de mejores pensiones. El ministro de Hacienda Mario Marcel declaró hace unos días que la actual administración había decidido adelantar el ingreso de la reforma al Congreso para el tercer trimestre de este año. Posteriormente especificó que el proyecto de ley se adelantaría en el mes de agosto.
La ministra del Trabajo Jeannette Jara, a su vez, anunció el pasado jueves 21 que se retomará el trabajo del Consejo Superior Laboral (creado el año 2016). En este Consejo -presidido ahora por por Silvia Silva, vicepresidenta de la CUT, como presidenta, y por Juan Sutil, timonel de la CPC, como su vicepresidente- se llevarán a cabo los Diálogos Sociales para buscar un acuerdo tripartito para la reforma previsional. Además, se activó un comité interministerial ad hoc que también se abocará al estudio de la reforma.
El guion que busca seguir la actual administración se está pareciendo demasiado al seguido por Michelle Bachelet en sus dos gobiernos para enfrentar la discusión previsional. En sí misma esta característica no es un problema. Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy la ciudadanía requiere -y exige- mayor celeridad y decisión de parte del Gobierno.
Desde octubre de 2019 el país está sumido en una de las crisis sociales más agudas de toda su historia republicana. Si bien esta crisis ha sido parcialmente encausada con el proceso constituyente iniciado en julio de 2021, el nuevo pacto social que redistribuya riqueza y al mismo tiempo logre generar mayores tasas de crecimiento continúa siendo una tarea pendiente. Es más, en una reciente entrevista con el Diario Financiero la académica Kathya Araujo señalaba que la irritación y malestar de la ciudadanía continúan agravándose en el Chile pos-estallido. “La sociedad no ha dejado de estar irritada; la sociedad está cada vez más irritada”, advierte Araujo.
Reflejo de lo anterior es que en apenas un mes de mandato buena parte del capital político del presidente Boric se ha esfumado. El Gobierno enfrenta a una ciudadanía cada vez más irritada e impaciente ante un sistema político incapaz de procesar adecuadamente demandas sociales.
Desde que en agosto de 2017 la entonces presidenta Bachelet ingresara al Congreso su propuesta de reforma en respuesta al movimiento “No + AFP” de 2016, el sistema político no ha podido acordar e implementar una reforma. El gobierno de Sebastián Piñera también ingresó su propia propuesta previsional, la que en líneas generales era muy similar a la reforma de Bachelet. Es decir, luego de siete años la ciudadanía sigue a la espera de una reforma estructural al sistema de pensiones.
Las bajas pensiones fueron uno de los factores centrales que gatillaron el Estallido. Es urgente entonces que el Gobierno conduzca con decisión y celeridad una reforma que al menos responda parcialmente a las demandas de la ciudadanía. De seguir el cronograma presentado hasta ahora por el gobierno, la reforma podría aprobarse recién en la segunda mitad de 2023 si consideramos que normalmente este tipo de reformas podría tardar un año en ser tramitada por el Congreso. Es demasiado tiempo más de espera para el Chile actual.
