Columna de opinión de Carolina Erices, profesora del Departamento de Ingeniería Comercial.
La condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) fue una de las propuestas de campaña del presidente Gabriel Boric. Hoy, desde el Gobierno, se avanza en la materialización de un proyecto de ley que abarcará, sin lugar a duda, un cambio profundo en el financiamiento de los estudios superiores.
Desde la creación del Crédito CAE, en el año 2006, más de un millón de personas han accedido a él, mientras que casi la mitad (48%), se encuentran actualmente en condición de morosidad. En tanto el año 2021, fue requerido por 46 mil estudiantes, ya sea para iniciar o continuar sus estudios superiores.
Como toda medida que involucre recursos fiscales, tiene repercusiones macroeconómicas importantes que analizar, considerando que la iniciativa legislativa propone como solución la condonación de las deudas resultantes del CAE.
Para contextualizar, la medida implica desembolsar un monto cercano a los 10.200 millones de dólares, es decir, 3,34 puntos del PIB. Esto representa el 13% del total del presupuesto nacional. Como todo importante desembolso fiscal, este debe ser estudiado; definiendo prioridades en su ejecución, así como sus múltiples usos alternativos o costo de oportunidad de los recursos; en distintos programas de índole económico como social.
Otro aspecto para evaluar, es que no todos los beneficiarios son iguales y van a recibir futuros ingresos personales por sobre los del resto de la población que no estudió en la universidad. Según la Comisión Ingresa, 63% de los egresados está al día, pero de quienes abandonan sus estudios, solo un 24% lo está. La deuda promedio es de 6,8 millones de pesos y el 50% debe menos de 5 millones de pesos, pero cerca de 43.000 deudores tienen una deuda de más de 20 millones de pesos. La cuota promedio es de 1,42 UF, pero hay cerca de 20.000 deudores cuya cuota es de más de 4 UF mensuales. La iniciativa propone condonación universal destinando recursos públicos a quienes hoy no lo necesitarían.
Por otra parte, es importante saber las condiciones en que el Fisco pretende endeudarse para dicha condonación. Se ha hablado de un crédito del extranjero, que se pagará en cuotas de 300 millones de dólares anuales por 20 años. Se deben analizar, por tanto, los costos de los distintos tipos de financiamientos, intereses asociados, comisiones, mayores impuestos o menores beneficios y prestaciones sociales en el futuro, con la idea de no comprometer las cuentas fiscales, convirtiéndose en deuda pública.
El problema del CAE, es que no sólo se enmarca en un criterio político y de gasto público, sino también educativo. La educación superior se ha transformado en un factor estratégico, convirtiéndose en un motor de la movilidad social y en una de las herramientas más efectiva para superar la pobreza y la desigualdad. Según los datos de la OCDE, en promedio en Chile una persona que tiene estudios superiores gana 2,8 veces más que otra que no los tiene.
Con esto, lo importante a evaluar no es la decisión de condonar, si no la urgencia de un reemplazo. La educación superior es un factor decisivo del éxito o fracaso del proyecto país, en su relación con la competitividad, así como con su inserción internacional. Por tanto, el Estado debe seguir entregando mecanismos de crédito como parte de la política de ayuda estudiantil, combinados adecuadamente con la gratuidad y las becas que, en definitiva, entreguen una mejor calidad de vida a las personas que vivimos en este país.
