A comienzos de octubre, en Antigonish, un pequeño pueblo universitario de Nueva Escocia, Canadá, apareció en la ventana de una casa de estudiantes una sábana pintada con spray: “Zona de entrega: novias de Acadia”, en alusión a las alumnas de una universidad vecina. Era el fin de semana de homecoming, la tradicional fiesta de exalumnos. La universidad hizo retirar el cartel el sábado por la mañana. Esa misma noche volvió a aparecer.
Cuando la agencia The Canadian Press me consultó como especialista en género y organizaciones, sostuve que el mensaje cosifica y degrada a las mujeres. Agregué que muestra lo poco que hemos avanzado más de una década después de los escándalos que sacudieron a las universidades de esa provincia.
El cartel no es un hecho aislado ni menor. La violencia sexual se expresa en un continuo de artefactos: un letrero, un comentario, una conversación en un chat, entre otras. En Lomas de Zamora, Argentina, cuatro estudiantes de un colegio habrían usado inteligencia artificial para fabricar imágenes sexuales de unas cincuenta compañeras y venderlas en un “catálogo” con sus nombres y fotos reales, todos menores de edad. En el extremo de ese continuo está la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, donde una exestudiante denuncia haber sido violada por siete integrantes de una fraternidad en 2024. Hoy la justicia de Nueva York ha reabierto el caso tras su demanda.
Hace más de tres décadas, la socióloga estadounidense Joan Acker planteó que las organizaciones no son neutras: son instituciones generizadas. Su estructura, su diseño y sus prácticas cotidianas están permeados por la posición que hombres y mujeres ocupan en la sociedad, y la reproducen. Por eso, lo que más tarda en cambiar no son las normas escritas, sino los valores, las creencias y las formas de organizar el género. La universidad canadiense donde apareció el cartel tiene una política contra la violencia sexual desde 2019, revisada el año pasado. Las políticas son necesarias, pero no resuelven por sí solas un problema que se entrelaza con muchos otros factores.
En un estudio que realicé junto a la criminóloga Diane Crocker con estudiantes de Nueva Escocia, publicado este año en Sexuality Research and Social Policy, observamos que la cultura de la violación se sostiene en normas de género, en expectativas sobre la sexualidad y sobre lo que significa “vivir la universidad”, alimentadas por los medios y las redes sociales, y en la vulnerabilidad de las transiciones: el final de la enseñanza media y los primeros años de universidad, cuando coinciden la independencia, el despertar sexual y la presión por pertenecer. Y detrás hay una historia compartida, con matices, por Canadá, Estados Unidos y Chile: los estereotipos de género, la división sexual en la sociedad, los mitos sobre la violación y otras construcciones socioculturales enquistan las expectativas sobre lo que significa ser varón, mujer o joven. Esas expectativas no se quedan en la puerta: entran a los colegios y a las universidades.
Las respuestas institucionales también dicen mucho. En Cornell, estudiantes exigieron a la administración un cambio drástico y urgente. El rector, Michael Kotlikoff, propuso revisar a fondo el papel de las fraternidades en la vida universitaria y recordó que pertenecer a un grupo no diluye la responsabilidad individual. Ambas cosas son ciertas, pero no son nuevas. Hace más de treinta años que la investigación documenta cómo la combinación de alcohol, juventud, lejanía del hogar y, en algunos casos, una cultura de masculinidad tóxica convierte a estos espacios en caldo de cultivo para el abuso: el pensamiento de grupo y el abuso de poder los terminan volviendo peligrosos, particularmente para las mujeres. Situar la falta en el individuo o en un afuera —la fraternidad, la casa “fuera del campus”, el grupo de WhatsApp— permite a las instituciones condenar sin mirarse. Según la demanda, en Cornell los acusados fueron sancionados con ensayos escritos; en Lomas de Zamora, las familias denuncian que el colegio sabía lo ocurrido hacía un mes y no les avisó.
Tampoco es nuevo lo que ocurre con quienes observan situaciones de violencia sexual. En 1964, el asesinato de Kitty Genovese en Nueva York se hizo célebre por la idea de que decenas de vecinos oyeron sus gritos y nadie intervino, cada uno suponiendo que otro llamaría a la policía. Aunque después se demostró que ese relato fue exagerado, el caso impulsó décadas de estudios que confirmaron el llamado “efecto espectador”: mientras más personas presencian algo, menos se siente cada una responsable de actuar. Las universidades lo saben, y desde hace años impulsan políticas de consentimiento, campañas de “no es no” y charlas de sexualidad, quizás todavía escasas. La conclusión no es que haya que hacer más de lo mismo. Es que estos hechos aparentemente aislados se encadenan en un problema de género, vinculado a una violencia social más amplia y a un individualismo que nos deja en el lugar de espectadores.
Por más políticas que existan, llega un punto en que se necesita una apropiación personal: entender que no transitamos la vida como individuos aislados, sino como parte de una comunidad. En Chile, la Ley 21.369 obliga a las instituciones de educación superior a contar con políticas contra el acoso y la violencia de género. Cumplirla es el piso, no el techo. La prevención debe pensarse como una transformación cultural permanente, basada en el cuidado, la educación en consentimiento y el sentido de pertenencia. Construir comunidades universitarias sanas, solidarias y resilientes, capaces de horrorizarse y de intervenir, es una tarea continua, en la que todas y todos —funcionarios, estudiantes y académicos— debemos comprender que, de alguna manera, somos parte del problema.
