Columna de opinión de Hardy Chávez, profesor del Departamento de Ingeniería Comercial.
Los prestadores de salud pueden ser públicos o privados y clasificarse como de atención ambulatoria o cerrada. Los prestadores públicos son Hospitales Públicos, Centros de Referencia de Salud, Centros de Diagnóstico Terapéutico (CDT), Centros Comunitarios de Salud Mental y Familiar, CESFAM, Consultorios, Postas y Otros. Los prestadores privados son Clínicas, Centros Médicos, Laboratorios y Profesionales de la salud.
Desde un punto de vista de la integración vertical, se puede decir que existen prestadores integrados y no integrados. En el sector público existe integración entre el financiador y la red pública. En el sector privado, existen prestadores integrados y no integrados con la Isapre.
Teniendo presente el tamaño de la red publica y el tamaño de los principales prestadores privados, cuya propiedad pertenece al mismo dueño de la Isapre, se infiere que a nivel de prestadores la integración vertical es altísima, tanto en lo público como en lo privado.
Según la cuenta pública de Fonasa del 2020, el 77% de la población pertenece a Fonasa, 17% a Isapres y un 6% a Otros Aseguradores. Respecto a los beneficiarios a Fonasa, un 21% es clasificado como A, un 39% como B, un 16% como C y un 24% como D.
Si se considera que los beneficiarios Fonasa clasificados como B, C y D tienen derecho a la libre elección, es decir, el 61% [(39+16+24) x 77] de la población y en Isapres, bajo el supuesto que todos tienen planes de libre elección, la libre elección máxima sería de 78% (61 + 17) de la población.
En la realidad es el beneficiario Fonasa clasificado como D, el tramo de mayor ingreso, que mayoritariamente utiliza la libre elección, es decir, un 18% (24 x 77). Por lo tanto, un porcentaje más cercano a la realidad del uso de la libre elección sería de un 35% (18 + 17) de la población. Si se ajusta por los beneficiarios de Isapres que están con planes cerrados, la libre elección de la población es aún menor.
De acuerdo a lo anterior, el nivel de competencia se ve amenazado por la integración vertical, planes cerrados y el eventual plan de salud universal que están proponiendo los candidatos presidenciales, si dicho plan se basa en redes cerradas en vez de bonos al portador con precios máximos que consideren oportunidad, calidad, especialización y tecnología.
Un plan universal de salud bien diseñado y regulado, con precios máximos que permitan la sustentabilidad de los prestadores, permitirá mayor competencia a nivel de prestadores y mejorará una atención centrada en el paciente. Un ejemplo de una industria regulada y con competencia es la industria de la distribución eléctrica, donde las empresas distribuidoras compiten con una Empresa Modelo, eficiente y sustentable.
