Columna de opinión del profesor Ricardo Pastenes Marchant, docente de la Especialidad de Prevención de Riesgos de la USM Sede Concepción.
El estallido social puso de manifiesto una crisis profunda en el modelo neoliberal instaurado en dictadura. La visibilización de los grandes temas de la sociedad, como los derechos sociales garantizados en una nueva constitución, han abierto espacio el debate y reflexión de la comunidad. Ad portas de un inédito proceso constituyente, estoy convencido que debemos avanzar hacia una nueva etapa de la salud ocupacional.
En marzo, se conoció el estudio “Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente”, iniciativa de Unidad social y de algunas universidades del CRUCH, que recogió las propuestas de más de mil doscientos cabildos. En la gran mayoría, la dimensión Salud resultó ser un tema prioritario, destacando el lugar que demanda la salud mental de la población. El trabajo, más allá de las demandas relativas a mejoras de salarios y disminución de brechas, plantea la necesidad de protección en el ámbito laboral , tal como el derecho a la vida y a la integridad física del trabajador(a). Se ve entonces, que la sociedad pone de manifiesto ambos temas dentro de las principales demandas, en la antesala de la elección de constituyentes.
Nuestro país, que tiende a compararse con la OCDE, aún está muy al debe respecto de la real magnitud de los problemas de la salud ocupacional. Según un estudio que estimó las muertes por enfermedades profesionales en nuestro país, el año 2004 fallecieron en Chile más de tres mil trabajadores(as) debido a enfermedades profesionales, cuando las cifras oficiales de mortalidad ocupacional registraron sólo 116 muertes. La incidencia, se estimó en cerca de 40 mil enfermos(as) profesionales frente a los dos mil casos que se oficializaron ese año. Hay que imaginar el costo oculto que tiene esta realidad para nuestro país. No se puede desconocer esfuerzos realizados en los últimos años respecto del surgimiento protocolos de vigilancia para algunos agentes de riesgo, sin embargo, existen muchos temas con escasa información, como por ejemplo la exposición ocupacional a cancerígenos. La perspectiva de género debe también ser incluida. A mi juicio, toda la normativa debe ser revisada al respecto, ya que no cuenta con la necesaria consideración de estándares para trabajadores y trabajadoras. La exposición a los riesgos laborales es diferente para hombres y mujeres, así como sus efectos.
¿No será tiempo de poner en valor la salud ocupacional en nuestro país?
En Chile en la década de los 60 -década de grandes cambios- nace el Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación Atmosférica, que se dedica a levantar, por primera vez, una sistemática en estudios sobre temas de salud laboral en nuestro país. Formó muchos profesionales y ayudó en la conformación de varios proyectos en América Latina. En 1980, se termina por decreto con este Instituto y se transforma en el Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública (ISP), desde donde intenta ser referente en temas técnicos, pues su misión se lo exige. Con la extinción de este Instituto, a mi juicio, los trabajadores(as) perdieron una gran herramienta técnica.
El 2016 se promulga la Política Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, en acuerdo con el Convenio 187 de la OIT. Esta obliga a mejorar sustancialmente la salud ocupacional. Creo que un nuevo Instituto de Salud Ocupacional, imaginándolo como un espacio tripartito, de formación y de investigación, como un referente técnico y difusor de conocimiento; podría ser una excelente manera de comenzar a hacerse cargo de verdad de los temas de salud ocupacional que demanda nuestro país.
