El debate del pasado martes puso en el centro un conflicto que sintetiza un problema mayor: el megaproyecto INNA, basado en campos solares y eólicos de 1,7 GW para producir hidrógeno y amoníaco “verde” a pocos kilómetros del Cerro Paranal, versus la protección de los mejores cielos de observación astronómica del planeta.
INNA proyecta producir del orden de 100 mil toneladas de Hidrógeno (H₂) y 650 mil toneladas de Amoníaco (NH₃) al año, usando tres campos fotovoltaicos y un parque eólico que ocuparán unas 3.000 hectáreas, con una inversión cercana a US$10.000 millones. Esa infraestructura quedaría a solo un par de kilómetros de los telescopios VLT, ELT y del futuro CTAO-Sur.
Los efectos no son menores. En fase de construcción habrá polvo y actividad intensa de maquinaria pesada, pero el impacto permanente es la contaminación lumínica: según la ESO, el brillo de fondo aumentaría alrededor de un 35% sobre el VLT y un 50% sobre CTAO-Sur. Precisamente para evitar esto la ESO propone trasladar el proyecto decenas de kilómetros al sur, con pérdidas en calidad de recurso y mayores costos de transmisión. El dilema no es “energía o ciencia”, sino cómo crecemos sin destruir activos científicos únicos.
Chile es un caso de éxito en descarbonización eléctrica: cerca de dos tercios de la capacidad instalada ya es de baja emisión, con una fracción relevante de solar fotovoltaica y eólica. Pero estas fuentes dependen del sol y del viento; cuando las estrellas brillan y el viento se calma, necesitamos un respaldo de generación o almacenamiento masivo de energía. Si además queremos producir grandes volúmenes de hidrógeno, la pregunta es evidente: ¿con qué energía base lo haremos?
Dentro de las tecnologías con menor huella de carbono por kWh está la energía nuclear de potencia, comparable e incluso mejor que la solar y la eólica. No se trata de volver a los diseños de hace 50 años, sino de discutir reactores de Generación III+ y, más adelante, reactores modulares pequeños, con sistemas de seguridad pasivos y estándares mucho más exigentes. La experiencia chilena con el reactor de investigación RECH-1, dependiente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y que se encuentra en operación desde hace 51 años, es excepcional. El reactor se detuvo de forma automática y segura durante el terremoto de 2010, mostrando que es posible diseñar y operar instalaciones nucleares en un país sísmico.
Si miramos solo la escala del proyecto, la comparación es directa. Para entregar una potencia similar a la que requiere INNA, del orden de 1,7 GW continuos, bastarían dos reactores nucleares de aproximadamente 1 GW cada uno. En escenarios de implementación eficientes, su inversión podría estar entre US$6.000 y US$9.000 millones, comparable a los US$10.000 millones de INNA. La huella territorial también cambia radicalmente: el complejo renovable usaría unas 3.000 hectáreas, frente a unas 700 hectáreas para un sitio nuclear equivalente, del orden de 10 “Parques Estadio Nacional”, unas 4,5 veces menos superficie y, además, emplazable lejos de los observatorios. El costo por MWh de la nuclear es mayor que el de la solar y eólica de gran escala, pero compite con ventaja cuando consideramos que entrega potencia estable, sin necesidad de cubrir el desierto con paneles solares ni saturar lumínicamente los mejores cielos astronómicos del mundo.
No se trata de reemplazar las energías renovables, sino de complementarlas con una fuente estable y de baja huella de carbono, en vez de seguir considerando como única alternativa el respaldo de combustibles fósiles. Los proyectos nucleares requieren plazos largos, pero precisamente por eso el debate debe abrirse ahora, si queremos que esta opción exista hacia 2040–2050.
Quien dirija nuestro país a partir del 12 de marzo de 2026, ya sea Jeannette Jara o José Antonio Kast, debiese comprometerse a iniciar un proceso serio de evaluación de una política de energía nuclear de potencia: fortalecer a la CCHEN como regulador, estudiar emplazamientos, formar capital humano y abrir una discusión informada sobre riesgos, beneficios y costos comparados. Como país, debemos dejar de actuar como si la opción nuclear no existiera, especialmente cuando el propio debate sobre INNA y Paranal nos recuerda que la transición energética también exige elegir cuidadosamente cómo y dónde generamos nuestra energía “verde”.
