Columna de opinión de Carolina Erices, profesora del Departamento de Ingeniería Comercial USM.
Este año 2024 se presenta como un momento crítico para la economía chilena, marcado por un entorno macroeconómico desafiante que combina un crecimiento moderado del 2,3%; una inflación del 4,8% que supera la meta del Banco Central, y una tasa de desempleo elevada del 8,9%. Este escenario evidencia la persistencia de desequilibrios estructurales que limitan el desarrollo económico, pero también abre una ventana para impulsar transformaciones profundas que posicionen al país en una trayectoria de crecimiento sostenible e inclusivo.
Diagnóstico económico: más allá de los Indicadores
El crecimiento del 2,3% refleja una economía que se mantiene a flote, pero con fundamentos frágiles. La limitada diversificación productiva y los bajos niveles de inversión restringen la capacidad de crecimiento. Aunque sectores como la minería y las energías renovables muestran resiliencia, su contribución al PIB sigue siendo insuficiente para compensar la falta de dinamismo en otras áreas. El desafío radica en identificar cómo canalizar recursos hacia sectores emergentes que puedan generar un crecimiento de base más amplia.
La inflación, situada en el 4,8%, destaca como un factor de riesgo macroeconómico. Si bien la desaceleración desde niveles más altos es positiva, persisten presiones subyacentes derivadas de choques en los precios de energía y alimentos, así como de ajustes en la cadena de suministro global. Además, la indexación de precios y la percepción inflacionaria continúan alimentando inercias que dificultan el anclaje de expectativas hacia la meta del Banco Central.
En tanto, la reducción de la Tasa de Política Monetaria al 5,0% busca estimular la actividad económica mediante condiciones financieras más flexibles. No obstante, su eficacia está condicionada a la confianza de los agentes económicos. La incertidumbre en torno a la estabilidad regulatoria y las señales de política pública pueden retrasar el impacto positivo de esta medida, especialmente en sectores clave como la inversión privada y el consumo durable.
Finalmente, el desempleo del 8,9% no solo refleja una subutilización del capital humano, sino también la dificultad de la economía para generar empleos formales y de calidad. Este indicador se agrava por una elevada informalidad laboral, que reduce la productividad agregada, limita la base tributaria y perpetúa desigualdades socioeconómicas. Resolver esta brecha requiere una reestructuración integral del marco laboral y de los incentivos a la formalización.
Análisis estratégico: desafíos y oportunidades
La inversión privada se encuentra estancada debido a la percepción de incertidumbre regulatoria y económica. Para superar esta barrera, es necesario establecer un marco normativo estable, acompañado de incentivos fiscales dirigidos a sectores con alto potencial de impacto, como las tecnologías limpias y la manufactura avanzada. Adicionalmente, las alianzas público-privadas deben ser una prioridad estratégica para cerrar brechas de infraestructura y mejorar la competitividad del país.
El problema de la productividad, que lleva años sin avances significativos, requiere intervenciones sistémicas. Estas incluyen la modernización de las pymes mediante la digitalización, la mejora en los procesos de formación técnica y la implementación de tecnologías de automatización en sectores industriales clave.
La persistencia de la inflación subraya la necesidad de un enfoque dual: una política monetaria clara que continúe anclando expectativas inflacionarias y una política fiscal que evite presiones adicionales sobre los precios. En este contexto, resulta muy importante coordinar medidas que estabilicen los precios de insumos estratégicos, especialmente energía, mediante inversiones en generación renovable y diversificación de fuentes de abastecimiento.
Asimismo, la formalización del mercado laboral no debe ser vista únicamente como un objetivo social, sino como una estrategia económica. La informalidad limita la eficiencia del mercado de trabajo y reduce la capacidad de los hogares para contribuir al crecimiento. Para mitigar esto, se deben implementar políticas que reduzcan los costos de formalización, combinen incentivos tributarios y faciliten la incorporación de pymes al sistema formal.
La economía chilena sigue dependiendo en gran medida de la minería, lo que la hace vulnerable a los ciclos de precios de las materias primas. Una diversificación efectiva requiere fortalecer sectores como la agroindustria, los servicios tecnológicos y las exportaciones de productos de valor agregado. La inversión en investigación y desarrollo (I+D) debe ocupar un lugar central, especialmente en áreas que permitan crear ventajas comparativas dinámicas en mercados globales.
El contexto actual no debe ser entendido solo como un período de dificultades, sino como una oportunidad para repensar y reconfigurar el modelo de desarrollo chileno. La implementación efectiva de políticas basadas en la estabilidad macroeconómica,
