Cientos de estos fallecimientos fueron provocados por el tsunami que comenzó a inundar las costas pocos minutos después del terremoto. Esto ocurrió sin que los habitantes de las zonas afectadas recibieran una alerta para evacuar, debido a una falla generalizada en los sistemas de monitoreo temprano y comunicación de emergencias del país. Aunque, en muchos lugares, la experiencia histórica y la cultura de prevención permitieron que la población evacuara de forma autónoma hacia áreas seguras, la reacción general fue de sorpresa y confusión ante el fenómeno. Esta situación se agravó por los escasos esfuerzos realizados hasta ese momento para capacitar a la población sobre cómo reaccionar ante amenazas de este tipo, sumado a la alta exposición derivada de la intensiva ocupación de la zona costera, tanto en actividades transitorias como en el crecimiento urbano.
Las mejoras y aprendizajes posteriores han sido significativos. Por un lado, los avances científicos —en los que investigadores de la Universidad Técnica Federico Santa María han desempeñado un rol clave— han permitido profundizar en la comprensión geofísica de los tsunamis, sus potenciales impactos y las estrategias para mitigar dichos efectos. Por otro, los sistemas de alerta temprana, monitoreo y difusión de avisos —elementos clave para la evacuación— han sido actualizados y fortalecidos; asimismo, se han mejorado los programas de educación y capacitación, y se ha avanzado en la incorporación del riesgo por tsunami en los instrumentos de planificación territorial. Aunque estrategias como la evacuación vertical aún no han sido incorporadas de manera oficial en el sistema de gestión del riesgo en Chile, es posible afirmar que nos encontramos en una situación notablemente mejor que la del 27 de febrero de 2010 para responder a este tipo de desastres.
Por último, es necesario subrayar que, durante eventos de desarrollo rápido como sismos, tsunamis e incendios forestales, la población debe ser capaz de reaccionar de forma autónoma y expedita para salvaguardar la vida. Esto requiere la integración de actores y responsabilidades compartidas en la sociedad, tales como la entrega oportuna de información confiable por parte de las autoridades, la implementación y fortalecimiento continuo de estrategias de educación y capacitación para la prevención, la existencia de planes familiares de respuesta a la emergencia y la conformación de un entorno urbano que ofrezca un soporte adecuado a dichas respuestas.