Con motivo del más reciente apagón que afectó a gran parte de Chile el pasado 25 de febrero se generó una discusión en la opinión pública respecto a la eventual falta de responsabilidad del Estado en dicho suceso. La discusión es, al menos, curiosa por una razón muy simple: cuando el Estado decide regular una industria está declarando que esa industria no funciona bien sin su intervención y que, por lo tanto, su rol es esencial.
Es natural que las empresas privadas que participan en esta industria busquen maximizar sus beneficios dentro del marco regulatorio establecido por el Estado; no sería razonable esperar un comportamiento distinto. Por ello, las restricciones impuestas deben estar cuidadosamente diseñadas, ya que el resultado del mercado dependerá de cómo los agentes económicos optimicen sus beneficios dentro de esos límites. Si, tras la regulación, el mercado no funciona correctamente, la causa puede ser un diseño deficiente de las restricciones o su falta de cumplimiento. En ambos casos, la responsabilidad recae en el Estado, ya sea por una regulación inadecuada o por la ausencia de fiscalización.
Solo para ejemplificar, un caso distinto se da cuando hay colusión en una industria no regulada. En tal caso, el Estado no ha declarado que ese mercado requiera de su intervención, por lo tanto, una falla en el mercado no puede ser atribuida a una intervención imperfecta de la autoridad. Obviamente, una colusión puede darse también en una industria regulada. En tal caso volvemos a la discusión de cuál es el grado de responsabilidad que le corresponde al Estado en ese evento.
En particular en el sector eléctrico, la responsabilidad del Estado es todavía más clara pues este se ha involucrado en la producción misma del servicio, a través de tomar un rol coordinador en el mercado. Por tal razón, resulta sorprendente que quien inicie las investigaciones de las responsabilidades en ese evento sea precisamente el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), que ha identificado errores de algunas empresas privadas, en circunstancias que este organismo podría presentar algún grado de responsabilidad en el problema. Afortunadamente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha declarado que el informe del CEN será un insumo más en su evaluación.
Lo que sí es claro en el caso de este evento –así como en la reacción posterior de nuestras autoridades–, es que hay evidencia de que necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad regulatoria o, de lo contrario, situaciones como este apagón pueden repetirse en el tiempo, o peor aún, extenderse a otras industrias reguladas.
