Felices se mostraron los parlamentarios integrantes de la comisión de Trabajo del Senado. En votación unánime, se aprobó la idea de legislar el proyecto de pensiones. Las indicaciones ingresadas por el ejecutivo – las cuales permitieron allanar el camino para que se aprobara la idea de legislar – establece una cotización, de cargo de los empleadores, de un 8,5% de la remuneración imponible del trabajador afiliado al Sistema de Pensiones.
Un 6,0% de la remuneración imponible del trabajador, se destinará a sus cuentas de capitalización individual (porcentaje que dejó tranquilos a los parlamentarios de oposición). Un 2,5% de la remuneración imponible del trabajador, se destinará al Fondo Autónomo de Protección Previsional (porcentaje que, sin dejar eufórico al gobierno, permitió la conformidad de los parlamentarios oficialistas).
Entre otras materias, se crea el Seguro Social Previsional dependiente del Instituto de Previsión Social, con la finalidad de financiar pensiones con aportes de origen contributivo y complementos por brechas de género. El Seguro Social será financiado con el Fondo Autónomo de Protección Previsional.
En lo sustancial, el proyecto de pensiones considera un impuesto por trabajador del 8,5% con cargo al empleador y el ingreso de un nuevo actor – esta vez de origen público – al mercado de las AFP. ¿Existen razones para celebrar? Por la votación unánime en aprobar la idea de legislar el proyecto de pensiones, pareciera que sí. Empero, desde el punto de vista económico y de la necesidad de garantizar una mayor competencia en la industria, se observan algunos nubarrones. Un par de consideraciones
Primero, el 8,5% de cotización adicional, ¿lo paga el empleador? La respuesta es: DEPENDE. Desde el punto de vista de la teoría económica, la respuesta correcta sería que el cargo lo asumirá quien tenga la parte más inelástica del mercado laboral (entre la demanda y la oferta de trabajo). Por ejemplo, en el caso de los médicos con especialidad, el cargo será a la clínica donde prestan servicios; en cambio, en aquellos casos de trabajadores con bajo nivel de calificación (jóvenes, principalmente) el cargo lo asumirá el trabajador o, si lo asume la empresa, el cargo se reflejará en un aumento de la tasa de desempleo y del número de trabajadores laborando en el sector informal de la economía.
Segundo, el ingreso de un nuevo actor al mercado, ¿mejora la eficiencia del sistema? La respuesta es: DEPENDE. Es importante recordar que el nuevo actor es de origen público, que no necesariamente sigue las mismas reglas del juego de las empresas privadas. En efecto, por regla general, frente a ciclos negativos en el negocio, las empresas públicas no cierran, como si ocurre con las empresas privadas. Además, si una empresa pública ingresa o se transforma en ineficiente, arrastra al regulador con lo cual se propicia un ambiente de competencia imperfecta.
En los dos casos anteriores, el costo social es con cargo al trabajador. El beneficio social, en el mejor de los casos, se reparte entre el empleador y el trabajador. Si el sistema se transforma en menos eficiente para el trabajador, puede ser un argumento seductor para quienes abogan por el fin de las AFP, lo cual tiene consecuencias inciertas en la capacidad del presupuesto público para financiar un sistema de pensiones mejor que el vigente. ¿Todavía existen motivos para celebrar?
