La deuda pública en Chile: un camino entre la prudencia y el desafío
Chile ha sido reconocido históricamente por su disciplina fiscal, sustentada en una sólida gestión macroeconómica que lo diferenció de otras economías emergentes. Sin embargo, los cambios recientes en el panorama económico y social han reconfigurado esta narrativa. En la última década, el crecimiento del endeudamiento público ha generado un debate crucial sobre su sostenibilidad, las prioridades fiscales y las acciones necesarias para evitar que la deuda se convierta en un lastre para el desarrollo.
Contexto histórico y cifras claves
La Regla de Balance Estructural, implementada en 2001, permitió que Chile enfrentara las crisis de 2008 y 2020 con relativa fortaleza, acumulando ahorros significativos en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Sin embargo, la tendencia se ha revertido desde 2019, cuando una combinación de demandas sociales, bajo crecimiento y la pandemia llevaron a un aumento de la deuda pública.
Según cifras del FMI, la deuda bruta pasó del 25% del PIB en 2018 a un estimado de 40,5% del PIB en 2025. Aunque este nivel sigue siendo moderado frente a economías avanzadas, el ritmo de crecimiento anual, cercano al 4-5% del PIB, y las demandas de gasto en áreas como pensiones, salud y educación representan riesgos importantes.
Adicionalmente, el costo del servicio de la deuda también ha aumentado. En 2023, se destinaron cerca del 9% de los ingresos fiscales al pago de intereses, limitando el espacio para nuevas inversiones públicas.
Implicancias y consecuencias
- Cargas fiscales elevadas y rigidez presupuestaria:
Con mayores recursos destinados al servicio de la deuda, el presupuesto pierde flexibilidad para financiar nuevas políticas públicas, lo que podría exacerbar tensiones sociales si las demandas no se satisfacen.
- Credibilidad internacional en riesgo:
Chile ha sido visto como un país de bajo riesgo gracias a su manejo fiscal. Sin embargo, un deterioro en esta percepción podría traducirse en mayores costos de financiamiento. La reciente rebaja en la calificación crediticia por parte de agencias como Moody’s es un llamado de atención. - Amenaza a la sostenibilidad fiscal:
Si no se toman medidas correctivas, la deuda podría superar el umbral del 60% del PIB en la próxima década, un nivel que estudios internacionales asocian con mayores riesgos de crisis fiscales en economías emergentes. - Dependencia de los ciclos económicos:
La alta dependencia de ingresos provenientes del cobre hace a Chile particularmente vulnerable a choques externos, como la caída en los precios de las materias primas.
Estrategias para un futuro sostenible: un enfoque integral
El manejo de la deuda pública en Chile exige una combinación de estrategias audaces y sostenibles que permitan estabilizar las finanzas públicas sin comprometer el crecimiento económico ni las demandas sociales. A continuación, se presentan cinco ejes estratégicos clave que pueden guiar esta transición hacia un modelo fiscal más robusto y equitativo.
- Reformas tributarias estructurales
Una de las primeras medidas esenciales es la ampliación de la base tributaria, acompañada de una lucha decidida contra la evasión fiscal. Esto no solo incrementará los ingresos públicos, sino que también mejorará la equidad del sistema tributario. Las reformas deben orientarse hacia un esquema progresivo, incorporando impuestos verdes que fomenten la sostenibilidad ambiental e impuestos a la riqueza que garanticen una mayor contribución de los sectores de mayores ingresos. En 2023, los ingresos fiscales derivados del cobre representaron un 10% del total, lo que subraya la urgencia de diversificar las fuentes de ingreso y reducir la dependencia de los commodities, cuya volatilidad amenaza la estabilidad fiscal.
- Optimización del gasto público
El gasto público debe ser sometido a una revisión exhaustiva que permita identificar duplicidades y programas de baja efectividad. Este análisis debe ir acompañado de herramientas de evaluación de impacto que orienten la reasignación de recursos hacia iniciativas con mayor retorno social y económico. La eficiencia no implica reducir el gasto, sino maximizar su efectividad, asegurando que cada peso público contribuya a los objetivos prioritarios del país.
- Actualización de la regla de balance estructural
La Regla de Balance Estructural, que ha sido un pilar de la política fiscal chilena, requiere una actualización que incorpore un límite explícito para la deuda pública y criterios de sostenibilidad fiscal claros. Esta reforma debe garantizar que la deuda no supere niveles críticos, promoviendo la estabilidad económica a largo plazo. Además, es fundamental fortalecer la transparencia en su aplicación y establecer mecanismos de supervisión independientes que aseguren su cumplimiento y credibilidad.
- Estímulo al crecimiento económico
El crecimiento económico es el principal aliado de la sostenibilidad fiscal. Para ello, es crucial diversificar la matriz productiva, promoviendo sectores como la tecnología y las energías renovables que reduzcan la dependencia de los recursos naturales. Al mismo tiempo, se deben generar condiciones favorables para el fomento de la inversión privada, facilitando el acceso al crédito y asegurando estabilidad regulatoria que atraiga capital extranjero. La innovación tecnológica, incentivada mediante políticas de apoyo a la investigación y el desarrollo, será clave para aumentar la productividad a largo plazo y sentar las bases de un crecimiento más dinámico y sostenido.
- Transparencia y comunicación pública
La confianza de los mercados y la ciudadanía es un activo invaluable en tiempos de ajustes fiscales. Por ello, el gobierno debe priorizar la transparencia en la gestión de las finanzas públicas y comunicar de manera clara las decisiones tomadas y sus fundamentos. Una estrategia comunicativa efectiva no solo fortalecerá la credibilidad ante los inversionistas, sino que también facilitará la aceptación social de las medidas, reduciendo la incertidumbre y promoviendo la cohesión en torno a los objetivos comunes.
Proyecciones y lecciones
Chile tiene margen para revertir el curso actual, pero el tiempo es limitado. Proyecciones conservadoras sugieren que, sin reformas, la deuda podría alcanzar el 50% del PIB en 2030, comprometiendo recursos clave para las futuras generaciones.
Los casos de éxito en países como Nueva Zelanda y Suecia muestran que las crisis fiscales pueden superarse con disciplina, reformas estructurales y un compromiso con el crecimiento sostenible. Chile debe inspirarse en estas experiencias y actuar antes de que las decisiones sean dictadas por la urgencia.
La deuda pública no es, en sí misma, un problema. Es una herramienta que, utilizada de manera responsable, puede impulsar el desarrollo. Sin embargo, ignorar los riesgos asociados al endeudamiento excesivo puede comprometer la estabilidad económica y social de un país.Chile debe redoblar esfuerzos en consolidar su marco fiscal, diversificar su economía y garantizar que los recursos se destinen a áreas estratégicas. Solo así podrá mantener su reputación de estabilidad económica y cumplir con las expectativas de una ciudadanía que demanda más y mejores oportunidades.
El desafío está sobre la mesa. La pregunta es: ¿actuaremos a tiempo o dejaremos que el peso de la deuda defina nuestro futuro?
