Docente de la especialidad de Prevención de Riesgo, Ricardo Pastenes, hace un detenido análisis en el ámbito de las enfermedades laborales. Cada año según la OIT, mueren en el mundo 2,3 millones de trabajadoras y trabajadores.
El Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo se celebra hoy, como cada día 28 de abril. Es la respuesta a una campaña internacional que nace desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que tiene como finalidad promover y sensibilizar en torno al trabajo seguro, saludable y decente, haciendo hincapié en la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
“En nuestro país, los acontecimientos sociales ocurridos a partir de octubre y la pandemia, han llevado a la comunidad a concentrarse y debatir respecto a cómo los derechos sociales son realmente garantizados en una nueva constitución, ha abierto espacio al debate y reflexión de la comunidad en su conjunto. También ha sido el espacio para que los paradigmas sean, por lo menos, revisados desde una mirada crítica”, señala Ricardo Pastenes, docente de la Especialidad de Prevención de Riesgos de la Universidad Técnica Federico Santa María en Concepción.
“Del documento “Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente”, lanzado a fines de marzo de este año, y que dice relación con el análisis de las propuestas de los cabildos ciudadanos desarrollados por un conjunto de universidades del CRUCH, se recogen aspectos comunes en los más de mil 200 cabildos que fueron analizados”, agrega Pastenes, “Educación, Salud, Nueva constitución y Pensiones se alzan como los principales temas debatidos y donde hay más necesidad de avanzar en asegurar derechos sociales”.
Profundizar estudios
Pastenes añade que, en nuestro país, que se compara con los países de la OCDE, se deben profundizar estudios que den cuenta de la real magnitud de los problemas de la salud ocupacional.
“La OIT estima que cada año mueren cerca de 2,3 millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo por enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. En esta cifra, la proporción mayor se la llevan las enfermedades, con cerca de dos millones. En Chile, en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo en la disminución de los accidentes, y se ha avanzado en la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a las enfermedades laborales. Se han establecido algunos protocolos de vigilancia que han permitido mejorar la gestión en ese ámbito, sin embargo, si miramos la implementación de estos protocolos, aún queda mucho por avanzar, pues un gran número de empresas no los han instaurado o lo han hecho de manera parcial, según se observa en las fiscalizaciones de la autoridad sanitaria”, agrega el docente, que participa activamente en la Mesa de Vigilancia en Salud Ocupacional (MEVISO) de la Región del Biobío.
¿Cómo se protege a los trabajadores y trabajadoras en Chile?
“La protección de los trabajadores descansa básicamente en la protección personal, aunque la percepción de los y las trabajadores es que no todas las empresas proveen dichos implementos. Estos equipos están diseñados considerando las características fisionómicas de los trabajadores del primer mundo, por lo que se debe avanzar también en estudios que den cuenta de las características propias de nuestra población.
La perspectiva de género debe también ser incluida en los temas de salud ocupacional. A mi juicio, toda la normativa debe ser revisada, ya que no cuenta con la necesaria consideración en cuanto a estándares para trabajadoras y trabajadores. La exposición a los riesgos laborales es diferente para hombres y mujeres, así como sus efectos, lo que muchas veces hace que se invisibilicen debido a que no se refleja en la tasa de accidentes – siempre más visible – sino que en las tasas de enfermedad. Pongo como ejemplo los estudios de confort ambiental, pues lo que consideran confortable los trabajadores no necesariamente lo es para las trabajadoras. Otro caso es por ejemplo la cada vez más estrecha relación que tiene el trabajo nocturno y el cáncer de mama, que ya está considerado como probable cancerígeno”.
En ese contexto, ¿qué debiera considerarse o incluirse al momento de instaurar un sistema que proteja a los y las trabajadoras en esta área?
“Lo primero que debemos recordar es que el 2011, Chile firmó el Convenio 187 de la OIT, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo; y declaró, el 2016, la Política Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Esta política señala en su primer compromiso, en el área normativa, el de “consagrar la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental específico en nuestra Constitución” y en el segundo compromiso indica: “laborar una Ley de seguridad y salud laboral como un estatuto especial de prevención de riesgos”.
Un nuevo Instituto Nacional de Salud Ocupacional, como el que existió en los setentas, podría ser una excelente forma de comenzar a hacerse cargo de la salud en esta área en nuestro país. Este sistema debiera incluir, entre otras cosas, un órgano u órganos consultivos tripartitos de ámbito nacional, para tratar las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo; también servicios de información, asesoramiento y formación en materia de seguridad y salud en el trabajo; servicios de salud en el trabajo, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales; y por supuesta, la investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo que permita recopilar y analizar datos”.
Para el docente, así como la pandemia ha puesto en relieve el tema de las vacunas y lo que se ha perdido en este tema, “a partir del estallido social también han aparecido con fuerza todas las reivindicaciones sociales que permiten condiciones dignas de toda la comunidad. Es en este marco en el que aprovecho de plantear esta reflexión, tal vez como señal de enderezar el curso y volver a dar la importancia que la salud ocupacional debiera tener en nuestro país y que nunca debió perder”, finaliza.
